La tecnología no es mala, son los hombres que la utilizan para hacer el mal. Muchas veces, el Estado tarda en descubrir los sistemas usados para cometer ilícitos; y cuando lo hace, se da cuenta de que el delincuente termina siendo favorecido por las leyes, que no contemplan algunos delitos perpetrados con estos instrumentos.

“Pandora” es un dispositivo creado por una empresa de Rusia para bloquear todo tipo de señales. Originalmente se utilizaba para anular cualquier peligro en reuniones de empresarios y dirigentes mundiales. “Flipper” es un elemento inventado por hackers holandeses que querían demostrarles a todas las empresas que sus sistemas de seguridad no eran tan efectivos. Elon Musk lo sufrió en carne propia cuando se viralizaron decenas de videos en el que se podía ver a desconocidos abriendo los autos eléctricos Tesla. Hasta hace pocas semanas, ambos elementos podían comprarse en las plataformas de venta online; pero debido a su auge, ahora solo se comercializan en grupos cerrados de redes sociales. Sus vendedores ofrecen hasta planes de financiación.

Los tucumanos conocieron de su uso en los últimos dos meses. Delincuentes se apoderaron de camionetas de alta gama que fueron estacionadas en la vía pública y que fueron llevadas, según la teoría de los investigadores, a Córdoba. También se reportaron casos de los ya conocidos “carteristas virtuales”. Son personas que utilizan esas herramientas para leer el chip de las tarjetas de débito y de crédito de terceros con los que fingen realizar operaciones. Los fondos terminarán en alguna billetera virtual, cuyo titular es casi imposible de conocer. Y en caso de que sean condenados, incluso pueden recibir una pena excarcelable, ya que solo les corresponde ser acusados de tentativa de hurto.

El boom de las estafas

La pandemia cambió al mundo por completo. Esas modificaciones también se dieron en las modalidades delictivas. Los delincuentes tuvieron que reinventarse para poder subsistir en los tiempos de encierro. Lo hicieron creando una serie de maniobras con las que se apoderaban de los fondos de miles de personas. Las llamaron estafas virtuales. Han pasado más de cuatro años desde su irrupción en el mundo criminal y nada cambió. Diariamente se registran nuevas maniobras que sorprenden a los más precavidos. ¿Quién no conoce a un cercano que haya dicho “a mí no me va a pasar” y terminó cayendo? ¿Quién no sufrió un intento de fraude de estas características? Las respuestas son concretas: nadie está a salvo.

Los investigadores apuntaron sus miradas hacia Córdoba. Muy pocos entendían por qué esa provincia terminó transformándose en la cuna de esa actividad ilícita. En diciembre pasado se conoció la respuesta. Después de una larga investigación que incluyó más de 150 condenas por este delito, la Justicia cordobesa descubrió que las cárceles de esas tierras funcionaban verdaderos “call centers” para concretar estafas. Por esta causa fueron detenidos y procesados todos los funcionarios del Servicio Penitenciario de esa jurisdicción. Según el expediente, las primeras maniobras se realizaron en 2015 y tuvieron su auge entre 2020 y 2022.

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La Justicia actuó con todo el peso de la ley aplicando penas que son excarcelables, ya que van desde un mes a dos años de prisión. Los bancos fueron los más perjudicados, ya que no solo tuvieron que modificar todos sus sistemas de seguridad por esta ola de estafas, sino que también fueron obligados a abonar millonarios resarcimientos económicos. “Después de la pandemia hubo un crecimiento exponencial de todo tipo de estafas, sobre todo las virtuales. Las penas son muy bajas, entonces no pasa nada. Muchos quedan en libertad y se quedan con millones de las estafas que cometieron. No hay una sanción legítima y no hay una pena fuerte para que ellos dejen de hacer este tipo de maniobra”, sentenció la fiscala cordobesa Juliana Company.

En las redes

Con el correr del tiempo, las redes sociales terminaron transformándose en comunidades virtuales. Miles de personas comparten sus datos personales, costumbres y hasta qué hacen de sus vidas. Por eso resultaron ser el refugio ideal para aquellos que buscan delinquir. En Facebook, Instagram y WhatsApp actúan estafadores y ladrones. Las autoridades ya perdieron la cuenta sobre cuáles son las modalidades que utilizan estos delincuentes que aprovechan al máximo el anonimato que aportan estos medios. Sí insisten en que la única manera de protegerse es no realizar ningún tipo de transacción con un desconocido.

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También son las plataformas que utilizan las personas que ingresan mercadería de contrabando al país. No solo la usan para advertirse de los controles que se hacen en las rutas, sino también para ofrecer descaradamente cubiertas, hojas de coca, prendas de vestir, calzados, electrodomésticos, juguetes y mucho más. Los contrabandistas también se aprovechan del furor del comercio virtual. Realizan envíos por encomienda sabiendo que las autoridades no tienen los recursos humanos ni tecnológicos para descubrir las cargas que despachan sin problemas a todo el país.

Máximo secreto

Telegram es el nuevo dolor de cabeza para los investigadores. Se transformó en el sistema de comunicación más seguro para narcotraficantes y bandas que se dedican a la trata de personas con fines de explotación sexual, asaltos y tráfico de armas. Los dirigentes políticos también la usan para evitar que alguien se entere de lo que están hablando. Cuentan los especialistas que es mucho más inviolable que WhatsApp por una sola razón: permite tener un usuario sin estar vinculado a un número de teléfono.

Es también un terreno fértil para que mediante grupos (el caso más concreto es “Los Magio”) difundan fotografías y videos íntimos de jóvenes a cambio de una suscripción. En nuestra provincia existirían más de una docena de estos sitios que vulneran la intimidad de muchísimas chicas que ni siquiera saben que sus cuerpos están siendo expuestas en estos espacios.

Las leyes argentinas contemplan una pena de seis meses a dos años o el pago de una multa a la persona que difundiera esas imágenes sin autorización. La condena puede agravarse a uno a tres años si es que el autor fuera pareja de la víctima. Son castigos condicionales, es decir, que los penados nunca terminarán tras las rejas. Otra vez resuenan las palabras de la fiscala Company: las penas no alcanzan para frenar estos tipos de delitos.